Propone PAN sanciones a funcionarios que se nieguen a comparecer ante Poder Legislativo

El diputado del Partido Acción Nacional, Éctor Jaime Ramírez Barba, propuso reformas a la Constitución con el fin de que se apliquen responsabilidades penales y administrativas a los integrantes del gabinete que se nieguen a acudir a comparecer ante el Poder Legislativo.

Indicó que con la reforma a los artículos 69 y 93 de la Carta Magna, los integrantes del gabinete estarán obligados a asistir a las dos cámaras del Congreso, durante los meses de septiembre u octubre y no podrán negarse, excusarse o mentir.

“En este sexenio estamos retrocediendo en materia de rendición de cuentas, por lo que necesitamos construir instituciones y leyes que fomenten la transparencia, estableciendo estrictos mecanismos de vigilancia para combatir la corrupción y los malos gobiernos.

“El gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por la opacidad, la falta de diálogo con la oposición y la falta de coordinación entre los Poderes de la Unión”, expresó el legislador albiceleste, quien indicó que algunos titulares de organismos de la Administración Pública Federal y Organismos Constitucionales Autónomos se han negado a asistir al Congreso sin que exista un mecanismo de obligatoriedad.

Ramírez Barba mencionó el caso concreto del ahora ex director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pedro Zenteno Santaella, quien sin justificación alguna canceló su comparecencia ante la comisión de Seguridad Social.

“Las comparecencias se realizan en un ambiente marcado por los pronunciamientos políticos, pero poco contribuyen al análisis del estado que guarda la administración pública, por lo que hay un distanciamiento entre los representantes populares en el Congreso y quienes encabezan las diferentes áreas del Ejecutivo Federal.

Por ello, indicó que con la reforma, los servidores públicos que sean convocados a comparecer estarán obligados a asistir a las cámaras durante los meses de septiembre u octubre y no podrán excusarse de rendir cuentas, salvo que exista una causa suficientemente justificada, según el criterio de la mayoría de los miembros del pleno o comisión respectiva de cada cámara.

“Los legisladores de cada cámara podrán acordar volver a citar a comparecer a los servidores públicos, en un plazo máximo de un mes, si existiera información pendiente por aclarar”, explicó Ramírez Barba.

Asimismo, indicó que con la reforma se otorga facultad a las comisiones legislativas de cada cámara para elaborar un informe escrito con sus observaciones o sugerencias derivadas del informe de gobierno, dentro de su ámbito de competencia. Este informe deberá ser remitido al titular del Ejecutivo Federal y al órgano administrativo competente para su debida atención y seguimiento.

AGM