La Reforma al Poder Judicial continúa generando opiniones encontradas entre los senadores de Morena y el Partido Acción Nacional. Para Ana Lilia Rivera, es la más importante de la era moderna de México, mientras que para Julen Rementería, una elección popular no garantiza que se elimine la corrupción.
Ana Lilia Rivera, integrante de la bancada de Morena en la Cámara alta, la reforma en cuestión que propuso el Presidente de la República, se trata de mejorar a uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano.
En ese sentido, la también presidenta del Senado advirtió que el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano subordinado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “por lo que su actuar no refleja la independencia que se esperaba al momento de su diseño”.
Incluso, “los escándalos de corrupción al interior de este órgano, tienen una larga trayectoria, que han evidenciado las deficiencias de la institución” y recordó que, en 2018, tuvo que ser suspendido el Concurso Interno de Oposición para la designación de jueces de distrito, debido a la venta de los exámenes que se aplicaban a los aspirantes.
La figura del nepotismo ha sido una arraigada y conocida práctica en el Poder Judicial, pues integrantes del mismo Consejo de la Judicatura han evidenciado redes clientelares en las que en un mismo circuito judicial, el personal de los tribunales ha estado compuesto hasta en más de 60 por ciento por familiares de altos funcionarios judiciales.
Por ello, Ana Lilia Rivera aseguró que el replanteamiento del Consejo de la Judicatura Federal, que plantea la reforma al Poder Judicial que se discute en la Cámara de Diputados, establece la creación de dos nuevos órganos:
El Órgano de Administración Judicial, como un ente dotado de independencia técnica y de gestión, separado funcional y orgánicamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como responsable de la administración, vigilancia, carrera judicial y control interno del Poder Judicial, constituido de manera colegiada por cinco personas cuya duración en el cargo sea de seis años.
Destacó que se propone que la presidencia del órgano sea rotativa, con una duración de dos años, además de que asuma la administración y control interno del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En contraparte, el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, indicó que una elección popular como la que propone la reforma judicial del Presidente, no garantiza que se elimine la corrupción.
“Estamos hablando de una reforma seguramente la más importante que se haya podido tener en muchísimos años, que puede cambiar para bien, por supuesto, así lo deseamos, todos los que estamos en esta mesa, si lo hacemos bien, para mejorar las cosas en el sistema judicial”.
Enfatizó que si las y los legisladores se equivocan “las consecuencias para el país pueden ser muy lamentables” y resaltó que la realización de los foros en torno a la reforma judicial debe corregir la corrupción, pero que sea completamente integral.
Dijo que después del primer foro en la Cámara de Diputados, espera que los siguientes conlleven a un diálogo respetuoso y productiva no solamente para encontrar un instrumento que permita mejorar la iniciativa, sino para el bien de la nación y que, a partir del intercambio de ideas, la posibilidad de mejorar lo que está escrito, lo que está plasmado ya en una iniciativa”.
AGM
