La elección de jueces y magistrados costaría hasta 3 mil 500 MDP, dice el senador Monreal

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, informó que la elección de ministros, jueces y magistrados por medio del voto popular, como se propone en la iniciativa de reforma al Poder Judicial planteada por el Ejecutivo Federal, tendría un costo de 3 mil 500 millones de pesos.

Durante el tercer día de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial que se realizó en Toluca, estado de México, el senador indicó que parte de esos recursos se tomarían de los fideicomisos que por 23 mil millones de pesos tiene el Poder Judicial de la Federación.

“Mucha gente se pregunta cuánto costará organizar la elección de los mil 600 ministros, jueces y magistrados. En un cálculo aproximado que hemos hecho con actuarios y con personal del INE, a quien se le faculta esta responsabilidad, pudiera erogarse entre 3 mil 3 mil 500 millones de pesos por única ocasión. Se podría destinar, incluso “, explicó.

El próximo coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, detalló que los cálculos para la elección por única ocasión, se dan a partir de los análisis realizados con actuarios y personal del INE.

“Se podría destinar incluso por excepción a este propósito parte de los 23 mil millones de pesos que tienen los fideicomisos y van a ser entregados a la Tesorería. Para nosotros la austeridad sí es un deber, sí es una política de Estado”.

“Incluso, por excepción a este propósito, parte de los 23 mil millones de pesos que tienen los fideicomisos y que van a ser entregados a la Tesorería”, expresó el también presidente de la Junta del Coordinación Política del Senado de la República.

Advirtió que la propuesta de reforma establece que, luego de que ésta sea aprobada se llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, los fideicomisos los mandatos, los contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria.

El zacatecano dijo que la iniciativa de reforma al Poder Judicial no contempla que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean beneficiados con las prestaciones del “haber de retiro”.

Por su parte, el coordinador de en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, señaló que, de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, 13 “están fuera de la Ley”, luego de comprobarse que hay ministros de la Corte que ganan más que la figura del presidente de la República y se viola el artículo 127 constitucional.

“Tenemos que garantizar que la Ley de remuneraciones que de alguna manera reglamenta lo que establece el 127, garantice que ningún servidor público, en el ejercicio de su cargo, de su desempeño gane más que el presidente de la República”, insistió.

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, afirmó, por su parte, que “la justicia de las personas” debe ser el eje central de la reforma al Poder Judicial.

“Acerca de la justicia a las personas debe ser ese propósito central de toda reforma judicial por ello hago votos que en este foro surjan propuestas que se convierten en acciones y que tengan por objetivo aplicar de manera, afronta y expedita la justicia garantizando el disfrute y protección de lo que tanto anhelamos”, declaró.

Al abordarse en el foro el tema Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial, magistrados, representantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de los trabajadores del Poder Judicial y abogados, externaron sus posturas sobre la reforma.

El magistrado del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del CJF, Juan Pablo Gómez Fierro, dijo que la austeridad puede adecuarse sin poner en riesgo la estabilidad laboral, los derechos de los trabajadores, así como la legitimidad e independencia judicial; cualquier asignación presupuestal debe tener como base la evidencia sin poner en riesgo las funciones que desarrolle el Poder Judicial, como también garantizar los derechos laborales de su personal, fomentar el desarrollo de la carrera judicial y de la defensoría de oficio.

Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, aseguró que este Poder debería contar con autonomía presupuestaria; sin embargo, es la Cámara de Diputados quien destina los recursos que dispondrá por año y fue solo en 2013 cuando se respetó la solicitud presupuestal.

Advirtió que afectar financieramente al Poder Judicial no solo implica un impacto en su operación, pues también limitaría el acceso a la justicia a ciento de miles de mexicanos, lo que retarda la solución de los asuntos, se traduce en una sobreexplotación de los recursos humanos y “se convierte en una esclavitud velada”. Solicitó garantizar una remuneración adecuada por el trabajo, pues si se quiere llevar a buen puerto la reforma, es primordial destrabar la contención salarial de secretarios y actuarios.

Por su parte, el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, del Segundo Circuito, Ricardo Garduño Pasten, aclaró que, aunque existe un reclamo por la tardanza y falta de efectividad en la impartición de justicia, las y los juzgadores no crearon los tribunales ni distribuyen las cargas de trabajo; por ello, hacen lo que pueden junto con el personal que trabaja jornadas extenuantes, llegando a estar “ahogados de casos”. Sugirió una mayor inversión en órganos jurisdiccionales y no en órganos administrativos.

Jesús George Zamora, consejero jurídico del gobierno del Estado de México, sostuvo que la eliminación de fideicomisos propuesta en la iniciativa promueve una mayor transparencia sobre el uso de los fondos públicos alineándose con los principios establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política, y la iniciativa incluye disposiciones transitorias para salvaguardar los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial.

AGM